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Las iglesias cristianas filipinas expresaron su preocupación por los partidos de la oposición acerca de la nueva ley antiterrorismo presentada al Congreso. El proyecto de ley Nº 6875 presentado por la Cámara, aprobado por la Comisión Legislativa y declarado urgente por el Presidente Rodrigo Duterte, fue examinado este 6 de junio. El texto prevé una mayor severidad en la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas, ampliando la posibilidad de interceptación preventiva, la vigilancia de los ciudadanos y la detención de los sospechosos a dos semanas.

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Según las Iglesias cristianas, informó el sitio web de los obispos filipinos Cbcpnews, el texto recuerda «los oscuros días de la ley marcial del dictador Marcos». En este sentido se expresa una declaración conjunta firmada, entre otros, por Mons. Broderick Pabillo, Administrador apostólico de Manila y Mons. Gerardo Alminaza, Obispo de San Carlos. Los firmantes sostuvieron que la medida pisotea «insidiosamente» los derechos humanos y se presta a abusos. «Este proyecto de ley causará una mayor estrechez del espacio democrático y un debilitamiento del debate público perjudicial para nuestra nación», escribieron los líderes cristianos.

Lo que preocupa especialmente a las Iglesias cristianas es la definición vaga y amplia de la noción de terrorismo, que podría utilizarse para atacar la disenso y para violar los derechos humanos y las libertades civiles, el debilitamiento del sistema judicial y de la separación de poderes, la ampliación de la vigilancia de los ciudadanos y la consiguiente limitación de la privacidad y la abolición de las indemnizaciones a los ciudadanos detenidos con falsas acusaciones, lo que corre el riesgo de aumentar la impunidad de las fuerzas del orden cuando cometen abusos. Por estas razones, los líderes cristianos instaron a los ciudadanos y a todos los líderes religiosos a que se pronuncien en contra del proyecto de ley.

Por su parte, Mons. Arturo Bastes, Obispo Emérito Sorsogon, ya ha respondido al llamado, solicitando al Congreso que se ocupe más bien de los problemas reales de los ciudadanos filipinos, comenzando por la crisis del Coronavirus.  «Nuestro pobre pueblo necesita leyes positivas que le ayude a vivir en paz y con dignidad», dijo el prelado, pidiendo el rechazo de lo que llamó una ley peligrosa.

A tu turno, Mons. Alminaza, firmante de la declaración conjunta, reiteró en una declaración que la ley representa una grave amenaza a la libertad de disenso y a los derechos civiles «que deberían tener la más alta consideración», advirtiendo que también podría afectar a la misión profética de la Iglesia.  «Creemos que estas medidas violan aún más el derecho a un juicio justo, contribuyen a reducir los espacios democráticos y promueven la cultura del abuso de poder por parte de las autoridades», dijo el prelado.

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