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Por: CAAAP

De forma conjunta, ocho obispos de la selva del Perú emitieron un comunicado en el que exhortan al Estado peruano a tomar acciones urgentes para frenar el incremento de muertes y amenazas contra quienes defienden el bosque y el territorio amazónico. Este pronunciamiento fue publicado tras darse a conocer el asesinato de la líder asháninka Estela Casanto (Ucayali), quien se convirtió en la octava víctima del narcotráfico, la tala ilegal y la deforestación en lo que va de la pandemia.

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“Se ha configurado un escenario que incrementa las condiciones de inseguridad y desprotección de quienes asumen la tarea de la defensa de sus poblaciones indígenas y de sus territorios, y que resulta lamentablemente en el asesinato y el despojo de sus territorios”, se lee en el comunicado de los Obispos peruanos.

Según cifra de la Defensoría del Pueblo, el año pasado fueron asesinados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali), en abril Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas), en mayo; y Roberto Pacheco (Madre de Dios) en setiembre. A ellos se suman Herasmo García y Yenes Ríos, asesinados en febrero de este año.

Respecto al comunicado, se concreta en los siguientes pedidos hacia el Gobierno nacional e instituciones regionales:

  1. Retomar, fortalecer y terminar de una manera efectiva con el proceso de titulación, georreferenciación y actualización, redimensionamiento y reconocimiento de los títulos de las comunidades.
  2. Terminar con la excesiva burocracia y la corrupción de funcionarios que favorecen el despojo territorial y fragilizan la labor de las defensorías ante las mafias y traficantes e invasores de tierras. Como dice el líder Cacataibo Herlin Odicio, la titulación de una comunidad demora décadas y una concesión forestal un año.
  3. Que desde las autoridades del Estado y con los dirigentes de las comunidades nativas y sus organizaciones, se diseñe un plan de vigilancia social y territorial para protegerlas de las redes de narcotráfico, quienes muchas veces, tratan de involucrarles en sus ilícitos, ante la impasibilidad de las autoridades.
  4. Realizar una gestión pública desde el Estado, con un enfoque intercultural, de acuerdo a la realidad cultural de los pueblos indígenas y respetando sus derechos para acabar con la discriminación hacia los indígenas en la administración pública.
  5. Establecer una política pública y capacitar a funcionarios públicos sobre la protección a las personas defensoras de derechos humanos, particularmente de las indígenas.
  6. El Gobierno Central debe articular al Ministerio de Justicia como responsable de la protección de los/as defensores/as indígenas, con las entidades operativas encargadas de brindar las garantías necesarias como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

En la parte final los Obispos de la Amazonía afirman que: “El cuidado de nuestra Casa Común no puede hacerse realidad si se sigue acabando con la vida de los/as defensores indígenas que son los que han hecho posible que, a pesar de los atropellos y la depredación que ha sufrido la Amazonía durante siglos, todavía podamos tener una extraordinaria diversidad biológica y cultural”. Y, en tal sentido, no solo respaldan el clamor de justicia y protección sino que también exhortan “al Estado a establecer en forma urgente un proceso de diálogo intercultural y de buena fe, con las organizaciones indígenas amazónicas para acabar con las amenazas y las muertes de los/as defensores/as indígenas y con la inseguridad jurídica territorial”.

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