En representación de la Iglesia Católica del Perú, Monseñor Miguel Cabrejos, OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), solicitó al gobierno del presidente Pedro Castillo que deje sin efecto el decreto de inmovilización social obligatorio, que anunció este 4 de abril y que actualmente rige para las localidades de Lima y Callao, perjudicando a la población.
El también Arzobispo de Trujillo advirtió que las crisis no se resuelven con la suspensión de los derechos de la población. «Consideramos que esta medida es desproporcionada y el Gobierno debe transparentar el porqué de su decisión. Esto es casi como un Estado de Sitio que solo aplica, según nuestra Constitución, a casos de invasión, guerra exterior y guerra civil,» se lee en la comunicación oficial.
Mons. Cabrejos recordó que más del 70% de los trabajadores del Perú son informales y esta medida afecta directamente a la población que vive en condición de pobreza y debe buscar a diario el sustento de su familia. Ante la gravedad de la situación la Iglesia exhortó a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a encontrar una solución rápida y saludable para esta crisis, aprovechando las reuniones que se adelantan para tal fin.
Sobre la medida
Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo anunció durante la noche del 4 de abril, la inmovilización ciudadana a partir de las 2:00 am del martes 5 de abril hasta las 11:59 pm del mismo día; lo que para la Iglesia peruana representa la suspensión de los derechos y libertades en la capital de la república del Perú.
El Arzobispo sostuvo que la ciudadanía interpreta esta medida como un hecho improvisado que hace evidente la poca capacidad del Gobierno para manejar los conflictos sociales que se han presentado como respuesta a la situación de crisis social y política provocada por el paro indefinido de transportadores en todo el país.
Iglesia disponible al diálogo
En declaraciones a RPP Noticias, el Presidente de la CEP indicó que la Iglesia no es ajena a la realidad humana y no es viable crear otras crisis que claramente impiden el ejercicio pleno de las libertades de los ciudadanos.
«Piensen en el pueblo peruano, piensen en los pobres, piensen en los que los han elegido,» pidió el arzobispo al recordar que el derecho a la protesta es legítimo y la Iglesia nunca ha respaldado la violencia como un medio de expresión de las ideas. Por el contrario, está comprometida a trabajar por la reconciliación. Igualmente reiteró la disponibilidad de la Iglesia para encontrar espacios que contribuyan al bienestar del pueblo peruano.
A continuación, el comunicado oficial:
